Universidad de Panamá presenta al país la Estrategia Alternativa de Desarrollo Integral e Inclusivo

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Universidad de Panamá presenta al país la Estrategia Alternativa de Desarrollo Integral e Inclusivo

Destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo y, la misma proporción a salud, así como orientar el 2% del PIB a garantizar un ingreso mínimo a la población panameña mientras persistan las condiciones de riesgo social a causa de la pandemia, forman parte de las propuestas de la Universidad de Panamá (UP) en el contexto de la Estrategia Alternativa de Desarrollo Integral e Inclusivo.

Esta estrategia propone un “modelo integral con democracia, equidad social y sostenibilidad ambiental”.

Establece 10 principios básicos y actuaciones específicas durante la fase de control de la pandemia y de la reactivación económica nacional, haciendo cierta la misión encomendada por el Dr. Octavio Méndez Pereira a la universidad de “ser la conciencia crítica de la nación”.

El rector Dr. Eduardo Flores Castro anunció que para este miércoles 16 de septiembre está previsto que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, con quien ya conversó con respecto a la iniciativa y tiene muchas expectativas, conozca a profundidad el documento.

De igual modo se hará llegar a las facultades, a los centros regionales y diferentes instituciones públicas para que se difunda la estrategia de desarrollo alternativo presentada por la UP.

En octubre será discutido en el Consejo General Universitario y se espera que pueda ser la base de un gran diálogo nacional.

El lanzamiento de esta propuesta tuvo lugar en el contexto del  Tercer Congreso Nacional de Extensión Universitaria, esta vez en la modalidad virtual, organizado por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, que inauguró este lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de septiembre.

El rector Flores afirmó que la Universidad de Panamá (UP) es la primera, al menos en el caso de Latinoamérica, de presentar a su país una alternativa de estrategia de desarrollo

Recordó que de manera inicial conversó con el vicerrector académico Denis Javier Chávez, sobre la importancia de exponer no solo al Gobierno, sino a la sociedad panameña, la visión de la universidad de cómo gestionar la pandemia y la pospandemia y esto hizo posible crear una comisión de primer nivel con expertos de la universidad, quienes generaron este documento de 33 páginas, aprobado por el Consejo Académico.

Participaron en su elaboración la profesora Aracelly De León, doctora en Economía y especialista en Economía y Género, actual directora del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (Icase); el profesor José Antonio Gómez Pérez, catedrático de la UP y especialista en Economía; Rolando Murgas Torraza, profesor emérito y Doctor Honoris Causa por la UP, especialista en derecho laboral y quien fue ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral; Juan Jované, profesor catedrático y especialista en Economía, destacado investigador de reconocida trayectoria y la profesora Amelia Márquez de Pérez, coordinadora del Observatorio de Seguimiento de los ODS de la UP.

Durante el lanzamiento de la propuesta, la profesora Amelia Márquez de Pérez, quien actuó de moderadora, aclaró que es un documento abierto a los aportes y la idea es enriquecer esta visión y construcción universitaria.

La presentación tuvo tres momentos: la situación del país antes de la pandemia, durante la pandemia y los lineamientos hacia el futuro.

De la “normalidad” a un nuevo

modelo integral en Panamá

La profesora Aracelly De León, al presentar la situación del país de manera previa a la pandemia, afirmó que ya antes de la llegada del virus “la realidad panameña se caracterizaba por claros signos de agotamiento del modelo que hasta el presente ha regido la trayectoria temporal del país”.

Destacó que el 19.0% de la población panameña se encontraba en pobreza multidimensional y pidió analizar estas cifras porque “a veces creemos que la pobreza está muy lejos”.

Sin embargo, el 54% de la población pobre del país se concentra, 25% en la comarca Ngabe Buglé, pero el 17% en la provincia de Panamá y el 12% en Panamá Oeste.

La especialista hizo un amplio repaso de los diferentes indicadores y realidades del país antes de la pandemia y que concluyen en distorsiones como la pobreza multidimensional, el alto desempleo formal y elevada informalidad, una débil seguridad alimentaria, estructuras tributarias regresivas, canasta básica sujeta a inflación, déficit habitacional elevado y debilidad institucional.

Estos indicadores son la mejor señal de la necesidad de no volver a la “normalidad” que tenía el país y sí de construir una nueva realidad, reflexiona la experta.

El profesor José Antonio Gómez Pérez, junto con el profesor Rolando Murgas Torraza, abordaron durante la presentación de la propuesta, la situación durante la pandemia.

Gómez Pérez dijo que desempleo y manejo de la deuda pública del país, son los principales impactos negativos a considerar.

Señaló que un desempleo que se espera cierre en 2020 en 25%, desde el 7.1% de 2019, significa “casi cuatro veces un aumento en la tasa de desempleo”, mientras la desocupación informal alcanza al 55% de la población.

“Estas cifras son alarmantes. Cerca de 460,000 a  560,000 personas desempleadas es un impacto muy fuerte para toda la economía del país y el uso de la fuerza laboral”, precisó y advirtió que incrementa la precariedad.

Murgas Torraza resaltó que ya los trabajadores tenían condiciones que afectaban su vulnerabilidad, con efectos de “manera sustancial en los trabajadores asalariados, en mejores condiciones si se les compara con quienes no tienen empleos, pero con niveles de protección salarial que no son adecuados”.

En relación con el endeudamiento público, Gómez Pérez señaló que hasta mayo se situó en $4,792.3 millones “más del doble de lo que ingresa al país por aportes del Canal de Panamá”.

Reflexionó que Panamá no puede repetir el esquema de servicio del pago de la deuda como ocurría en los años 80, cuando el 60% del presupuesto se destinaba a deuda, es decir, 67 centavos por cada dólar del presupuesto.

Advierte que con 40% de presupuesto disponible, no será posible atender salud, educación ni resolver los problemas de la pandemia.

Otro aspecto abordado por el especialista es la insuficiencia del bono del Plan Panamá Solidario, en tanto solo cubre el 32.69% de la Canasta Básica Alimentaria y el 16.35% de la Canasta Ampliada en el caso de Panamá y San Miguelito.

Otros efectos dramáticos de la pandemia, de acuerdo con la Encuesta a familias de la Unicef (del 26 de mayo al 9 de junio de 2020), es que el 77% de los hogares con ingresos entre $400 y $1,000 declararon perderlos de manera total o parcial.

El 43% declaró haber recibido ayuda de un tercero y en su mayoría fue del Plan Panamá Solidario.

Correspondió al profesor Juan Jované exponer los objetivos y lineamientos de la Estrategia Alternativa de Desarrollo Integral e Inclusivo que aspira a reactivar el país desde pilares inclusivos, conforme a esta transición:

Indicó que una estrategia inclusiva se debe basar en principios, guía para una sociedad. Este nuevo modelo descansa en 10 principios fundamentales (ver cuadro adjunto):

En general, supone construir una democracia participativa (la población como protagonista de su destino), con un visión progresista que tenga como soporte la equidad y la justicia, con pleno respeto a la naturaleza.

En esta visión se priorizarán los intereses de la población y no se admitirá ninguna forma de discriminación, además de asegurar el disfrute pleno de los derechos humanos que implican desde acceso a la alimentación, al agua, la salud, el trabajo y el derecho a vivir en un ambiente sano.

Hay una visión desde el ser latinoamericano, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

Estos principios se acompañan de objetivos centrales para la fase de reactivación y reconstrucción, con aspectos como la reducción de la desigualdad, empleo decente, salarios justos y un sistema tributario que ayude a la redistribución del ingreso.

Otra visión es la de avanzar hacia un sistema de protección social eficiente y universal.

Los objetivos específicos en materia de salud plantean que cuente con personal, insumos y equipamiento suficiente.

Se pide atender los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de destinar un gasto equivalente al 6.0% del PIB “para asegurar los objetivos de la salud” e idéntica porción en el caso de la educación.

Durante este periodo de contención de la pandemia, el documento solicita al Estado atender las recomendaciones de la Cepal y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un gasto de emergencia destinado a los más pobres, equivalente al 2.0% del PIB, lo cual significaría “elevar considerablemente la actual asignación” para garantizar a las personas en vulnerabilidad atender sus necesidades básicas.

Este nuevo modelo plantea que el pago de la deuda pública no recaiga en la clase trabajadora o que “la fórmula no sea subir el Itbms mientras se deja tranquila la evasión fiscal”.

Advierten que es necesario prestar ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas “pero préstamos al 9% anual del propio Estado no es una ayuda: si toman ese préstamo después no lo podrán pagar”, aclaró  Jované.

En general la estrategia establece un programa para el desarrollo de la planificación integral con sostenibilidad, que aborde aspectos como salud y educación, seguridad social soberanía alimentaria, transformación institucional, finanzas públicas y recuperación de la industria.

Son grandes ideas que nacen de una universidad, cuya vocación social y de servicio hoy, como en otras circunstancias, le habla al país.

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