COMUNICADO

LA NIÑEZ, LA GRAN OLVIDADA

Profunda indignación ha causado a la población panameña, la información divulgada a la opinión pública que da cuenta del maltrato físico, psicológico y sexual de que han sido víctimas niños, niñas y adolescentes en albergues y casas-hogares que deben ser supervisados por el Estado, concretamente por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y cuya Junta Directiva es presidida por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y donde participan, además, 5 Ministerios más la Contraloría General de la República.

La Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional hizo la investigación a raíz de denuncias ciudadanas y noticias divulgadas en los medios de comunicación, misma que se condensó en un Informe presentado al Ministerio Público, para que se realicen las pesquisas penales de rigor, y que revelan situaciones profundamente deplorables, las cuales se han venido gestando a lo largo de los años, sin mayor supervisión de las entidades del Estado correspondientes.

A pesar de existir subsidios económicos estatales a tales centros de atención no hubo fiscalización de la Contraloría. La normativa reguladora de estas instituciones supuestamente a cargo de la protección integral de la niñez y la adolescencia y, en consecuencia, responsabilizadas de la fiscalización y monitoreo de los albergues y casas hogares, tampoco se cumplió, no obstante contar con capacidad sancionadora  de carácter administrativo,  por faltas muy graves, graves o leves y que van desde cancelación del permiso de funcionamiento, hasta la suspensión y amonestación a dichos albergues.

Es apremiante que se hagan investigaciones imparciales, se tomen medidas inmediatas de protección a las víctimas y a los denunciantes y se sancionen a los culpables directos de los  abusos a menores de edad, pero también se sancionen a los funcionarios públicos que dejaron de cumplir con sus obligaciones de supervisión y que por omisión son responsables de tales hechos delictivos.  Es imperioso que se revise el modelo de albergues que institucionaliza a los menores y en la mayoría de ocasiones los revictimiza, y se sustituya por servicios comunitarios de cuidado y atención.  Es apremiante aprobar una Ley de Protección Integral del Menor, en cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Niñez; así como reestructurar totalmente el SENNIAF, de manera que deje de ser una dependencia estatal al servicio de la partidocracia y de sus intereses políticos mezquinos y brinde los servicios profesionales requeridos, con solidez técnica, profundo sentido de solidaridad social y el respaldo económico estatal necesario y suficiente.

La niñez panameña representa el 34% de la población del país, y de ese gran total, el 39% vive en pobreza multidimensional.  En las actuales condiciones de pandemia, su situación se ha agravado, aumentando en 22% la cantidad de niños y niñas en pobreza, y en un 28% l@s afectado@s en su seguridad alimentaria.

La falta de supervisión científica de los albergues y el deterioro acelerado de las condiciones de vida de este grupo etáreo es resultado del modelo neoliberal en donde se comercializa la pobreza e indigencia, donde  no hay una política social centrada en la persona humana como sujeto y ciudadano de derechos plenos, y donde existe una indiferencia en cuanto a la política de protección integral a la niñez, la cual no se ha operacionalizado y no constituye  la base de los servicios de prevención, de protección, ni de seguridad social actuales.

Nuestra niñez no puede ser la gran olvidada.  Urge asegurar su presente y futuro, con un cambio en el modelo económico y a través de un pacto social que refunde el país sobre nuevas bases de justicia social y participación democrática real del pueblo panameño.  Panamá, 21 de febrero de 2021.

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