Redacción La Verdad Panamá
La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá (ATSOP), se une a las voces de diversos sectores que condenan los abusos y maltratos a un grupo de menores en diversos albergues financiados y supervisados por el Estado panameño y le exige al Ministerio Público una investigación prolija.
El gremio expresa su preocupación ante las denuncias por abuso físico y maltrato psicológico a niños, niñas y adolescentes en albergues cuya responsabilidad y supervisión recaen en el MIDES y la SENNIAF, dice un comunicado del gremio.
“ATSOP se une al clamor de la sociedad civil y en su conjunto a que se den las investigaciones de rigor por el Ministerio Público, se determinen los hechos, se sancione a los responsables y tomen como prioridad este caso que mantiene intranquila a la sociedad panameña”.
Exhortan al gobierno a que en instituciones como el MIDES, Órgano Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Policía de Niñez y Adolescencia, SENADIS y la SENNIAF entre otras, se les dote de recurso humano y trabajadores sociales a nivel nacional , debido a que en este momento no se tiene la capacidad para hacerle frente a la demanda de situaciones sociales inherentes a temas de niñez, adolescencia y familia.
Los trabajadores sociales hacen énfasis cuando indican que las decisiones finales sobre las condiciones de un niño o niña son tomadas por un superior, director o ente judicial; aún cuando el profesional de trabajo social o el equipo multidisciplinario indique en sus informes una situación de riesgo o vulnerabilidad a la cual están expuestos.
Estos profesionales dejan plasmado en su comunicado las vicisitudes que enfrentan como las de mantener un trabajador o trabajadora social para dos o tres provincias y área comarcal, dura realidad que hace que se pierda de vista el monitoreo eficaz, oportuno y de seguimiento. Paradójicamente señalan que se han dado situaciones de abusos sexuales que ya han sido ventiladas en los medios y que precisamente como trabajadores sociales hacen la cobertura sin embargo, son destituidos, agravando más la situación.