Esto establece un reto e implica la búsqueda de prácticas económicas ambientalmente sanas y socialmente equitativas. Es así que en 2025, China será la mayor potencia económica en el mundo. Brasil, India, Indonesia, Corea del Sur y Rusia representarán más de la mitad de la producción económica mundial.

Para América Latina, los pronósticos más conservadores apuntan a un crecimiento promedio anual del 3.7 por ciento en 2025. Tomando en cuenta la profunda desigualdad de ingresos que existe en la región, tendríamos que crecer a un 7.5 % por año, para llegar a eliminar la pobreza. Si cada uno de los y las profesionales que trabajamos para el Estado agudizáramos nuestra capacidad de percibir desde la óptica de los afectados, la capacidad de ponernos en la situación del otro, nuestro desempeño sería eficiente y contribuiría positivamente a la efectividad de nuestras funciones.

El Estado va a ir cobrando cada vez mayor relevancia, ya que la sociedad como tal requiere de un aparato burocrático con capacidad operativa y de gestión, que actúe en la previsión de potenciales conflictos e identifique problemas como lo son: el calentamiento global, la explosión demográfica, el cambio climático, la deforestación, la contaminación, los desastres naturales, el terrorismo, la violencia en todas sus manifestaciones, la pobreza, la desigualdad social, la gestión y conservación del agua, entre otros, y proponga soluciones.

Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL en el Foro de Rectores de la Cumbre de las Américas 2015, señaló: ‘América Latina y el Caribe deben cerrar brechas estructurales en materia productiva, educativa y de ingresos para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, pues la desigualdad conspira contra la estabilidad de las democracias’.

Es necesario señalar que el crecimiento económico es una condición necesaria, aunque no suficiente para que cualquier país en desarrollo esté en posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y atacar el problema de la pobreza.

La participación del Estado, la planificación y gestión de procesos, a través de la burocracia como aparato de profesionales conocedores de la cosa pública, serán la clave del éxito de la función de programación y funcionamiento de las democracias, mediante Estados con líderes políticos que cuenten con la colaboración armónica, previniendo problemas y brindando soluciones efectivas a los ciudadanos, expandiendo la democracia a través del fortalecimiento de una cultura de derecho, donde se superen los prejuicios y estereotipos que conducen a la exclusión social.

Para Panamá y los panameños, se hace imprescindible la construcción de una Visión del Futuro que deseamos, que nos permita evitar graves errores e improvisaciones del pasado, que tienen un alto coste social y comprometen la sostenibilidad de nuestra nación. Es necesario fortalecer la gobernabilidad mediante la generación de valor público, con adecuadas políticas públicas y sectoriales, que se conviertan en palancas de un Estado descentralizado, apoyado en la consulta y participación ciudadana, para construir un país donde todos estemos incluidos.